Un procuradore de los tribunales en desahucios desempeña un papel esencial para que el procedimiento avance correctamente, las comunicaciones lleguen a tiempo y cada actuación procesal se realice dentro de los plazos establecidos. Lo mismo ocurre en las reclamaciones de cantidad, donde una gestión rigurosa es esencial cuando el objetivo es recuperar una deuda de forma eficaz.

Aunque el abogado y el procurador trabajan coordinadamente, sus funciones son diferentes. Entender qué hace exactamente el procurador permite comprender por qué su intervención va mucho más allá de presentar escritos ante el juzgado.

¿Qué función tiene el procurador en un procedimiento judicial?

El procurador es el profesional que asume la representación procesal de una de las partes ante los juzgados y tribunales. La Ley de Enjuiciamiento Civil establece, con determinadas excepciones, que la comparecencia en juicio debe realizarse mediante procurador.

Mientras el abogado define la estrategia jurídica, asesora al cliente y ejerce su defensa, el procurador actúa como enlace entre esa defensa y el órgano judicial.

Entre sus funciones se encuentran:

• Representar formalmente al cliente ante el juzgado.
• Presentar escritos y documentación procesal.
• Recibir y controlar notificaciones judiciales.
• Vigilar plazos y señalamientos.
• Mantener una comunicación constante con el abogado.
• Realizar las actuaciones procesales necesarias durante la tramitación.
• Intervenir también en la fase de ejecución, cuando sea necesaria.

Esta labor permite que el procedimiento mantenga una continuidad y que cada nueva resolución judicial pueda ser gestionada con rapidez.

El papel del procurador en un procedimiento de desahucio

Un desahucio por falta de pago no consiste únicamente en presentar una demanda y esperar una resolución. Desde el inicio del procedimiento pueden sucederse requerimientos, comunicaciones, plazos y actuaciones que deben gestionarse correctamente.

En estos casos, la coordinación entre el abogado y el procurador adquiere especial relevancia.

Control de las actuaciones desde la presentación de la demanda

Una vez iniciada la vía judicial, el procurador se ocupa de la representación del propietario ante el órgano judicial y del seguimiento procesal del expediente.

Esto implica controlar cuestiones como:

• La admisión de la demanda.
• Los requerimientos dirigidos al arrendatario.
• Las posibles actuaciones de la parte demandada.
• Las resoluciones dictadas por el juzgado.
• Los señalamientos que puedan producirse.
• La eventual ejecución del desahucio.

En los procedimientos por falta de pago, además, la normativa contempla circunstancias específicas como la posibilidad de enervación del desahucio cuando concurren los requisitos legalmente establecidos.

Por ello, disponer de un seguimiento procesal constante permite que el abogado conozca inmediatamente cualquier novedad y pueda actuar en consecuencia.

Del reconocimiento del derecho a su ejecución

Obtener una resolución favorable no siempre supone que el procedimiento haya terminado.

Si es necesario continuar hasta la recuperación efectiva del inmueble o ejecutar cantidades reconocidas judicialmente, puede iniciarse una fase de ejecución. También en esta etapa el procurador mantiene la representación procesal y realiza el seguimiento de las actuaciones necesarias.

El objetivo no es únicamente conseguir una resolución, sino acompañar correctamente el expediente hasta su finalización efectiva.

¿Qué ocurre en una reclamación de cantidad?

Las reclamaciones de cantidad permiten exigir judicialmente el pago de una deuda cuando el obligado no la satisface voluntariamente.

Estas reclamaciones pueden aparecer por situaciones muy distintas, como facturas pendientes, incumplimientos de contrato, deudas entre empresas o particulares o impagos relacionados con un alquiler. 

Dependiendo del origen, la cuantía y las características de la deuda, el abogado determinará cuál es la vía procesal adecuada. En determinados supuestos puede utilizarse, por ejemplo, un procedimiento monitorio, cuya petición inicial presenta particularidades respecto a la necesidad de procurador.

La Ley de Enjuiciamiento Civil permite que esa petición inicial pueda formularse sin su intervención, aunque esta puede resultar posteriormente necesaria si el procedimiento continúa en determinadas circunstancias.

¿Por qué es tan importante el seguimiento procesal?

En procedimientos destinados a recuperar un inmueble o reclamar una deuda, cualquier incidencia puede repercutir en la duración del expediente.

La labor del procurador contribuye especialmente a tres aspectos.

1. Control de los plazos

Las resoluciones judiciales pueden abrir plazos para presentar escritos, atender requerimientos o realizar determinadas actuaciones. Su control resulta fundamental para evitar incidencias procesales.

2. Comunicación inmediata

El procurador recibe las comunicaciones del órgano judicial y las traslada al abogado para que pueda valorar rápidamente cuáles son los siguientes pasos.

Esta coordinación facilita una tramitación procesal ágil y evita que el expediente permanezca sin seguimiento entre una actuación y la siguiente.

3. Visión completa del procedimiento

El procurador acompaña el expediente durante sus distintas fases. Conoce qué actuaciones se han realizado, qué resoluciones se han recibido y qué trámites quedan pendientes.

Especialmente en procedimientos que pueden prolongarse hasta una fase de ejecución, este seguimiento continuado resulta clave para mantener el proceso organizado.

Abogado y procurador: una coordinación imprescindible

Hablar de agilidad procesal no significa prometer que un procedimiento judicial vaya a resolverse en un plazo determinado. Los tiempos dependen del juzgado, de la actuación de las partes y de las circunstancias concretas de cada asunto.

Aunque no siempre es posible controlar los tiempos del juzgado, sí se puede garantizar un seguimiento riguroso y ágil del procedimiento. 

Una buena coordinación entre el abogado y el procurador permite reaccionar con rapidez ante cada resolución, preparar las actuaciones necesarias y mantener al cliente informado sobre la evolución del procedimiento.

Desde abril de 2025, además, la normativa establece con carácter general para numerosos litigios civiles la necesidad de haber intentado previamente un medio adecuado de solución de controversias (MASC) antes de presentar la demanda, salvo las excepciones previstas legalmente. Por ello, cada asunto debe analizarse desde el inicio para comprobar qué requisitos de procedibilidad resultan aplicables.

Una gestión procesal rigurosa desde el inicio hasta el final

En desahucios y reclamaciones de cantidad, la eficacia no depende únicamente de iniciar correctamente el procedimiento. También exige controlar cada comunicación, los plazos, la resolución y la actuación posterior.

El procurador de los tribunales aporta precisamente esa continuidad: representa al cliente ante el juzgado, mantiene una coordinación directa con el abogado y realiza un seguimiento permanente del expediente para que cada trámite se gestione cuando corresponde.

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